El Compromiso con la investigación jurídica

Las Facultades de Derecho de las Universidades y los Colegios de Abogados de la República; deben promover la investigación jurídica como actividad fundamental orien­tada a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de la realidad nacional, propiciando la promulgación de normas jurídicas; inspiradas en dicha investigación.
Para ello se debe reconocer los aportes multidisciplinarios importantes que influyen en el fenómeno jurídico como los provenientes de la Biotecnología, la Psicología, la Economía, la Sociología, la Administración Empresarial, entre otros, así como los aportes representado por las nuevas disciplinas y tendencias que propician el desarrollo social.

Sin embargo, la noble tarea de recorrer el rumbo de las Ciencias Sociales resulta igualmente imprescindible para discernir sobre la vida humana regulada por el Derecho.
Ello en razón a que el ámbito de acción de la Ciencia Jurídica, no reposa únicamente en la sistematización de la norma y las características que debe reunir la misma para ordenar las relaciones sociales y productivas sino que se extiende necesariamente el ámbito rico y variado de la interacción humana de diversa índole (política, económica, social, cultural) organizada por el sistema jurídico.

En ese contexto, el rol de la Ciencia Jurídica supera la visión reduccionista y tradicional que la consideró parcialmente como un instrumento de control social para trascender y constituirse, en una nítida fuente de debate, ingeniería y desarrollo social que contribuya desde su perspectiva a la mejora de las condiciones de vida. El investigador en materia jurídica debe incursionar activamente en la verificación de la naturaleza de las relaciones económicas y concepciones morales producidas como consecuencia del desenvolvimiento libre de la personalidad humana, lo que permitirá agudizar la comprensión de las preocupaciones sobre el individuo, su entorno, y favorecer la paz con justicia y armonía espiritual.

De otro lado, es pertinente recordar que la historia de la humanidad evidencia la lucha del hombre en la búsqueda permanente de su bienestar, felicidad y dignidad. Ello nos permitirá vislumbrar las profundas razones por las que la filosofía de la historia denota la larga evolución de la investigación científica a fin de contribuir a la afirmación del hombre frente a los mitos, prejuicios y el ordenamiento social injusto.

Esta actitud permitirá apreciar el aporte complementario de la experiencia y la verificación y comprobación de las conductas sociales, en la importante tarea de desarrollar los principios y leyes que explican los fenómenos sociales y la vida comunitaria, vinculados al proceso del conocimiento de la humanidad en la búsqueda del bienestar general.

La importante función del desarrollo de la investigación jurídica permite además, encarar los problemas sociales actuales que afectan las condiciones de vida de vastos grupos humanos.

Adicionalmente, el conocimiento de los desafíos sociales y el análisis de sus causas deben motivar nuestro compromiso de acción frente a la posición y estado de pobreza existente en nuestra patria (aproximadamente 40% de los peruanos) que impide la satisfacción de necesidades básicas. Ello debido en gran medida a una deficiencia de equidad social, considerando el incremento y la insuficiente distribución del Producto Bruto Interno (PBI).

En realidad, el importante rol del Derecho como factor de ingeniería social consiste esencialmente en revelar la verdad muchas veces encubierta por los medios de comunicación social y en reclamar y proponer los mecanismos legales que permitan gradualmente corregir la injusticia y transformar la sociedad, a fin de consolidar un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho.

Ello en razón a que en nuestro país la contradicción entre el Derecho Subjetivo y Derecho Objetivo, es una comprobación habitual porque las amplias potestades que la ley le concede a la persona humana no se cumplen usualmente en la vida diaria. Corresponde a la investigación jurídica diseñar propuestas de solución para superar esta impropia situación y establecer la ecuación entre el derecho como una potestad y el ejercicio efectivo de la misma.

Por tales fundamentos, la norma jurídica genera el nacimien­to de una facultad contemplada legalmente, la que debe estar acompañada de las condiciones que propicien su ejecución y cumplimiento, a fin de no incurrir en un estado de injusticia estructural. De esta manera se logrará un gradual reencuentro con las múltiples demandas sociales postergadas, propiciando su ejecución y cumplimiento, a través de propuestas técnicas que conteniendo una apreciación y metodología integral sean incorporadas gradualmen­te en la actividad de los diversos niveles de ges­tión de la Administración Pública y Privada.

Ante tan claro desafío, los Colegios de Abogados y Facultades de Derecho del país deben promover que los abogados, profesores y estudiantes de Derecho desarrollen la Ciencia Jurídica, orientándolos a realizar la importante tarea de investigación en la perspectiva de forjar un Derecho vigente e intérprete de la realidad nacional, así como para elevar los niveles de acreditación y certificación profesional que son fundamentales para atender el clamor ciudadano. Ante tal desafío, se deberán establecer vínculos permanentes de coordinación entre los Colegios de Abogados y las Facultades de Derecho, a fin de mejorar el nivel académico que se imparte en dichos claustros, así como tener una iniciativa diferente respecto a la evaluación de los estudiantes que deseen optar el título profesional de abogado. Teniendo en cuenta la importante función social que cumple la abogacía, deberá ser complementada con la permanente realización profesional, así como con mecanismos de estímulo a la investigación en las diversas áreas del Derecho.

Corresponde por tanto a la investigación jurídica desarrollar y crear las nuevas instituciones de la ciencia jurídica, así como formular propuestas de mejora de las condiciones de la vida social desde sus métodos prolijos y académicos y con sustento sociológico a favor de la renovación y modernización del Derecho así como del robustecimiento de la dignidad humana.

Hernán Figueroa Bustamante